Este lunes 12 de agosto, en una cadena nacional, Nicolás Maduro exigió cárcel para los “autores intelectuales y financistas” de las manifestaciones que han sacudido al país.
Por lapatilla.com
“Los autores intelectuales y las autoras intelectuales y financistas tienen que ir a la cárcel, tienen que pagar, esta vez no puede haber impunidad y después iremos a un proceso de sanción del odio”, afirmó Maduro, dejando claro que su gobierno no permitirá más disidencia sin represalias.
La declaración de Maduro parece ser un claro aviso de que se intensificará la persecución política en Venezuela.
En un país donde las garantías judiciales son frecuentemente cuestionadas y la justicia parece estar al servicio de intereses políticos, estas palabras suenan más a una amenaza que a un llamado a la legalidad.
La promesa de “no puede haber impunidad” parece una contradicción en sí misma en un gobierno que ha sido señalado repetidamente por organismos internacionales por prácticas represivas y violaciones a los derechos humanos. La referencia a un “proceso de sanción del odio” tampoco es nueva; sin embargo, resulta inquietante en un contexto donde la disidencia es fácilmente etiquetada como odio o traición.
Maduro parece estar utilizando nuevamente el discurso de la criminalización de la protesta para justificar un endurecimiento de las medidas contra quienes se oponen a su gobierno. Esta declaración llega en un momento en que el descontento social sigue siendo palpable y las protestas continúan siendo una forma de expresión de un pueblo que se siente estafado ante los resultados emitidos por el CNE que le arrebatan la victoria presidencial a Edmundo González tras los comicios del pasado 28 de julio.