La batalla legal entre Ron DeSantis y un grupo de migrantes organizados no se detiene, con el atenuante que desde ambos lados aprietan el acelerador y van por todo. La problemática se originó a fines de 2022, momento en el que decenas de migrantes, entre ellos venezolanos, fueron enviados a la isla de Martha´s Vineyard, en Massachusetts, sin su consentimiento. Y por estas horas buscan reavivar su caso en la corte federal ante el gobernador, que se encuentra -posiblemente- ante la acusación más polémica de todas.
Por Mundo Deportivo
En aquella oportunidad, cerca de cinco decenas de personas declararon que fueron llevado bajo engaños y promesas de trabajos incumplidas. Casi dos apos después recibieron la notificación por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) con información acerca de una visa a la que podían aplicar.
A los afectados les llegó información sobre la “bona fide determination”, un proceso que se permite a un individuo solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) y una visa U, el cual ofrece un estatus legal de no inmigrante para víctimas de ciertos delitos que sufrieron abuso físico o mental. Sin embargo, una abogada especialista en inmigración explicó que para otorgar el permiso es clave la buena fe del solicitante.
Cómo sigue la historia
La acción legal, presentada por Lawyers for Civil Rights Boston y Alianza Americas, sostiene que los migrantes, recogidos en Texas, fueron engañados sobre su destino y las condiciones de vida que encontrarían. En 2022, DeSantis obtuvo $12 millones de la legislatura estatal para financiar su programa de reubicación de migrantes. Documentos revelan que sus principales asesores estuvieron involucrados en la planificación de los vuelos a Martha’s Vineyard, utilizados como crítica a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados a un estado administrado por demócratas, generando gran atención mediática.
En abril, la jueza federal Allison Burroughs desestimó las acusaciones contra DeSantis y otros funcionarios estatales, argumentando que no había pruebas suficientes para vincularlos con acciones ilegales en Massachusetts. No obstante, la jueza permitió que continuaran varias acusaciones contra Vertol, la empresa que recibió $1.5 millones para operar los vuelos, y encontró indicios de que los migrantes fueron seleccionados por su origen hispano.
Para reforzar la demanda, el grupo presentó esta semana nuevas pruebas de correspondencia que supuestamente muestran a funcionarios de DeSantis organizando los vuelos. Entre ellas, se alega que Lawrence Keefe, Zar de Seguridad Pública de Florida, y James Uthmeier, jefe de gabinete del gobernador, tuvieron al menos cuatro conversaciones telefónicas en los diez días previos a los vuelos, incluyendo dos con el proveedor del servicio de vuelo.
El viernes, la administración DeSantis no respondió a las solicitudes de comentarios debido al cierre de las oficinas estatales. Los funcionarios firmaron que los vuelos fueron “realizados legalmente y autorizados por la legislatura de Florida”, y que esperan con ansias el próximo vuelo de reubicación para destacar la “crisis en la frontera sur”.
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