Un 2 de julio de 2021, el defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La oenegé ha denunciado que su arresto preventivo sobrepasa los límites establecidos en las leyes venezolanas, pues ya tiene tres años en El Helicoide y sin condena de un tribunal.
Por Tal Cual
El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 230 que una medida de coerción personal (prisión preventiva) «en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años». A juicio de FundaRedes, este proceso penal se ha convertido en un castigo anticipado, «una pena que se impone antes de que se haya demostrado su culpabilidad».
La audiencia preliminar de Tarazona se difirió en 14 oportunidades. Su juicio se ha interrumpido en otras tres ocasiones, la última de ellas por el cambio de competencias del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo de Caracas. El lunes 1 de julio se tenía prevista la continuación del juicio. El tribunal se encontraba sin despacho, según la notificación que había recibido la defensa.
La ONG ha insistido que el proceso ha estado «plagado de irregularidades e inconsistencias», lo que «deja en evidencia la violación sistemática a sus derechos fundamentales».
«Es inaceptable que el Estado venezolano utilice tácticas dilatorias para prolongar la detención no solo de Javier Tarazona, sino de todos aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad por razones políticas y de pensamiento», señaló Clara Ramírez, directora encargada de la ONG durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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