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La Junta de Fiscales Supremos de Perú acordó por unanimidad extender el ejercicio interino del cargo de fiscal general de la Nación a Juan Carlos Villena, tras la destitución la semana pasada de Patricia Benavides por faltas muy graves, informó este lunes el Ministerio Público.
En una sesión extraordinaria, los fiscales supremos decidieron extender el ejercicio interino de Villena como fiscal general de Perú “por interés institucional” y añadieron que, oportunamente, se procederá a la convocatoria para la elección del fiscal de la Nación.
Sin embargo, explicaron que resulta necesario que se agote la vía administrativa en el procedimiento disciplinario seguido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, contra Benavides en su actuación como fiscal de la nación para proceder con la elección de su sucesor.
Villena está a cargo de la Fiscalía de la Nación desde diciembre pasado, cuando Benavides fue suspendida, inicialmente de forma temporal, por la JNJ a raíz de las investigaciones abiertas en su contra por supuestamente liderar una organización criminal de tráfico de influencias en el Ministerio Público.
La semana pasada, la JNJ aprobó la destitución de Benavides como fiscal de la Nación por haber interferido en la investigación fiscal abierta contra su hermana y jueza Enma Benavides.
La máxima sanción aplicada por el órgano de la judicatura se basó en faltas muy graves atribuidas a Benavides por haber interferido en una pesquisa contra su hermana, denunciada por liberar a narcotraficantes.
La Junta de Fiscales Supremos estuvo integrada este lunes por Villena, Pablo Sánchez, Delia Espinoza y Zoraida Ávalos, quien fue reincorporada al Ministerio Público el viernes pasado por orden judicial, deshaciendo así una inhabilitación del Congreso por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo cuando ejercía como fiscal general.
Ávalos era fiscal general de Perú cuando surgieron una serie de denuncias por presunta corrupción contra Castillo (2021-2022), pero indicó que no podía continuar las investigaciones en su contra porque la Constitución Política no permite su condena por esos delitos, mientras esté en el ejercicio de la presidencia.
No obstante, Castillo fue destituido de la Presidencia en diciembre del 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado como respuesta a las denuncias en su contra, y la exfiscal de la Nación fue inhabilitada por el Parlamento para ejercer cargo público por cinco años, decisión que ella denunció que tuvo “carácter político”.
EFE