Analistas consideran que la propuesta de Nicolás Maduro de reformar la Constitución para aplicar penas de por vida a funcionarios corruptos tiene fines electorales y será poco eficiente para prevenir malas prácticas con recursos públicos.
Por vozdeamerica.com
Nicolás Maduro propuso reformar la Constitución de Venezuela para incorporarle la pena de cadena perpetua y la inhabilitación política de por vida contra funcionarios corruptos, luego de un año de arrestos de decenas de figuras asociadas con su gobierno y con el partido principal del oficialismo por un millonario desfalco a la nación dentro de la industria petrolera.
Expertos consultados por la Voz de América consideraron que se trata de una iniciativa que contraría la tradición jurídica de Venezuela en derecho penal y dudan de su efectividad para evitar la corrupción en la función pública actual.
“Ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida por la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, dijo Maduro el sábado, durante la celebración de otro aniversario del contragolpe que devolvió al poder al expresidente Hugo Chávez, el 13 de abril de 2001.
Habían transcurrido 4 días de los arrestos de dos de sus exministros por presunta corrupción, entre ellos de su exvicepresidente Tareck El Aissami, también expresidente de la estatal petrolera PDVSA.
Ese escándalo de desvío de fondos públicos fue identificado oficialmente como “la trama PDVSA-Cripto” y, por él, están detenidos decenas de funcionarios públicos asociados al chavismo, que ocuparon gerencias petroleras, diputaciones y alcaldías.
El chavismo redactó una nueva Constitución en 1999, aprobada mediante referendo consultivo en ese primer año de gestión del expresidente Hugo Chávez. En esa Carta Magna, como en sus anteriores ediciones, no se incluyó la cadena perpetua.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que respalda a Maduro, tiene amplísima mayoría en la Asamblea Nacional y pudiera aprobar sin mayor retraso ni impedimento una reforma constitucional, que luego debe ser sometida a referendo consultivo.
María Alexandra Semprún, politóloga y profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, estimó que la idea de reformar la Constitución para agravar penas contra funcionarios corruptos puede ser un “retroceso jurídico” para el país.
Venezuela, resaltó, ha sido históricamente una nación “abanderada” en materias legislativas. “Fue uno de los primeros en abolir la esclavitud, la cárcel por deudas, eliminó la expatriación (de sus ciudadanos) como pena, la pena de muerte y la cadena perpetua” para reforzar el concepto de un Estado que “aboga por los derechos humanos, “al menos en el papel”, dijo.
El lunes, voceros del partido Movimiento Al Socialismo destacaron que Venezuela ha acogido por décadas el concepto de que la cadena perpetua es “peor que una pena de muerte” y termina siendo una “muerte continuada”, de acuerdo con la vicepresidenta nacional de la organización, María Verdeal.
La propuesta es, a su juicio, una “confesión de impotencia ante la corrupción” del gobierno y “contraria al derecho penal” y a una sociedad democrática.
¿Acción positiva?
Semprún, por su parte, interpretó que el gobierno pudiera estar tratando de convertir el arresto del exvicepresidente El Aissami en una “acción positiva” antes de la elección presidencial del próximo 28 de julio, donde Nicolás Maduro aspira a reelegirse.
“Quiere mover la atención como si estuviera atacando su corrupción interna. Estaría arando en búsqueda de votos y aceptación”, opinó la experta.
La oposición venezolana acusa al chavismo de haber malversado cientos de millones de dólares durante años y de haber cometido un gran “desfalco” contra la nación en un contexto de impunidad judicial y subordinación política de los poderes públicos.
El oficialismo, por su parte, ha acusado a sus adversarios políticos de cometer “traición a la patria” por la presunta promoción de un “bloqueo” económico, mediante sanciones extranjeras y el “secuestro” de activos republicanos fuera de Venezuela.
Más que un problema de leyes
Alfredo Coronil Hartmann, abogado y diplomático venezolano, valoró que el combate a la corrupción no es meramente “un problema de leyes” y de castigos penales.
A su juicio, la idea de una reforma constitucional para incluir la pena de cadena perpetua contra los corruptos es “inútil” si no está precedida por una “conciencia social de repudio” a ese delito, indistintamente de las filiaciones políticas de ciudadanos y funcionarios.
“No digo que sea inútil endurecer la parte normativa formal, pero lo fundamental es el ejemplo de la práctica”, aseguró en entrevista con la VOA.
Coronil Hartmann expresó que en Venezuela urge “formación y educación” en todos sus niveles educativos, desde escuelas básicas hasta las universidades, para generar un clima de “repulsa” colectiva contra el delito de la corrupción y el enriquecimiento ilícito con fondos públicos.
“El rechazo social que se crea hacia el delincuente por su mal manejo de los dineros públicos es realmente la base. Esto es lo realmente sustantivo”, indicó, recordando el fenómeno de las “Manos Limpias”, como se conocen a las investigaciones de un grupo de fiscales en Italia, a principios de los años 1990, que desmontó la corrupción política generalizada, afectó a centenares de políticos y sindicalistas y colapsó el sistema partidista de ese país.
Dijo no creer que la propuesta del chavismo logre algo similar.
A su entender, la idea podría entenderse en algunos sectores nacionales como una “burla” de parte de un movimiento político que ha gobernado el país por 25 años entre denuncias frecuentes de corrupción, incluso desde la misma presidencia y de instituciones como el Ministerio Público.