Varias organizaciones de derechos humanos en Venezuela exigieron este viernes, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se redoblen los esfuerzos contra la desigualdad de género y la violencia machista.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dijo, a través de X, que se debe “seguir luchando contra la desigualdad de género en Venezuela y la región”.
En este sentido, Fundaredes pidió “redoblar esfuerzos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, especialmente las que viven en la frontera” del país, “marcada por la violencia, la pobreza y la marginación”, además de la “inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos y el escaso acceso a recursos sanitarios”.
Por su parte, Acceso a la Justicia aseguró que, en Venezuela, ha habido “un aumento de la pobreza en la población femenina, explotación y violencia de género de las mujeres indígenas e impunidad ante la debilidad del Estado para frenar la violencia de género”.
Según la ONG Utopix, en enero hubo, al menos, 20 feminicidios, un aumento del 53,8 % respecto al mismo mes de 2023, cuando se documentaron 13.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales exigen la liberación de las 19 mujeres que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, entre ellas -señalan- la activista Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero y acusada de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Provea denunció que San Miguel fue “víctima de desaparición forzada por más de tres días, desde el viernes 9 de febrero”, y “aún no le permiten asignar abogados de confianza”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este viernes su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, la defensa de los derechos humanos y el debido proceso a las venezolanas.
Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró, en X, que el Estado venezolano “no respeta los derechos humanos de las mujeres presas políticas”, a las que “someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes”. EFE