La impunidad en la violencia contra la mujer, un flagelo que aún prevalece en Venezuela

La impunidad en la violencia contra la mujer, un flagelo que aún prevalece en Venezuela

 

El año 2023 va cerrando con al menos 169 asesinatos de mujeres por motivos de géneros, ocurridos entre enero y octubre, siendo este delito uno de los que encabezan la lista de estadísticas en Venezuela. La mayoría de estos crímenes fueron ejecutados por las parejas o familiares de las víctimas, de acuerdo con los registros de la ONG Utopix.

Por: Yanitza Martínez // Corresponsalía lapatilla.com

Hoy 25 de noviembre que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchas venezolanas siguen siendo víctimas de violencia, situaciones que en su mayoría no son denunciadas por temor, acoso psicológico y amenazas que terminan con desenlaces fatales.

Aunque no hay registros oficiales sobre la incidencia de delitos en materia de violencia contra la mujer, sumado al hermetismo por parte de los organismos de seguridad y tribunalicios, organizaciones no gubernamentales se han encargado de llevar las estadísticas de estos casos.

Según los registros de Utopix, tan solo en el mes de julio se contabilizaron 18 casos de violencia mortal, cinco de estos perpetrados en el estado Lara, una de las entidades con mayor incidencia en este delito.

Ola de violencia

En el estado Aragua se reporta hasta este momento más de 60 víctimas femeninas de violencia, convirtiéndose en el segundo delito contra la población femenina de esta región del centro del país, seguido por la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a Falcón, durante el año 2023 se incrementaron los casos de violencia de género en esta entidad, y de los diez delitos reportados, dos fueron femicidios.

Sigue recabando el OVV en esta región que hasta el mes de septiembre del año 2023, la entidad falconiana “fue testigo de una alarmante ola de violencia interpersonal” con un total de 24 delitos registrados, diez de ellos fueron casos de violencia contra la mujer cometidos por parejas sentimentales o familiares.

En ese sentido y por los registros llevados por los medios de comunicación de ese estado, la violencia contra la mujer ocupa el primer lugar en la lista de delitos reportados.

Uno de los casos más trágicos en Falcón fue el asesinato de una joven de 23 años, registrado el miércoles 23 de septiembre en Santa Ana de Coro. La mujer fue apuñalada con saña, supuestamente durante el robo a un local comercial de su familia. Fue tanta la conmoción que causó que el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Integral y Empoderamiento de la Mujer (CESDIEM), representado por Herkis Duno, se solidarizó con los familiares.

Los parientes de la joven han exigido ante el Circuito Judicial Penal de la entidad, que se cambie la precalificación del delito de homicidio en la ejecución de un robo, por femicidio, un delito sin beneficios y con una pena de prisión que va de 25 a 30 años.

Este caso puso otra vez sobre el tapete la gravedad de estos delitos en Falcón. La violencia interpersonal, que incluye la violencia de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ha alcanzado niveles alarmantes. En ese sentido, el OVV presenta datos que indican que la mayoría de estos delitos ocurrieron en los hogares de las víctimas o del victimario, lo que significa que los conflictos familiares e interpersonales están en el centro de esta crisis.

El Estado no ayuda

Guárico es otra entidad que durante este 2023 ha presentado una alta incidencia en violencia de género. Se tiene que el 40 % de las muertes registradas en el mes de octubre fueron mujeres, con diez víctimas fatales. Figuran en esta lista roja, dos mujeres asesinadas y dos fallecidas, producto de intervenciones policiales.

Lara sigue punteando las estadísticas a nivel nacional y es la entidad con casi una decena de mujeres asesinadas durante el año 2023.

Uno de los casos que generó impacto en la región larense fue el asesinato de Bárbara Naybeth Leal Rodríguez (34), quien fue ultimada por su expareja, identificado como Manuel José Gómez, quien luego de cometer el asesinato, se quitó la vida, prácticamente frente a los funcionarios de seguridad, quienes se encontraban acordonando la zona del suceso tras un llamado que hicieran los vecinos de la calle 26 con avenida Libertador de Barquisimeto.

La abogada, experta en derecho penal, Yaira Gómez, declaró para el Diario La Prensa de Lara que en este caso de femicidio-suicidio, los derechos de la infortunada mujer de 34 años fueron conculcados, ya que la misma habría, antes de cometerse el hecho, buscado protección policial y ante la negativa de los funcionarios, acudió sola a su residencia, lugar donde fue ultimada por su expareja, quien además mantuvo azotadas a sus tres hijas.

Existe la ley pero no se cumple

La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia es la legislación que asiste a la mujer víctima de maltrato y agresión la cual, según especialistas en derecho penal como la abogada María José Parada, directora de la escuela de Derecho de la Universidad Yacambú, es un instrumento legal que abarca suficientes elementos jurídicos y de atención para enfrentar la situación de violencia de género en el país, pero que a su juicio, el Estado o sus representantes no tienen la suficiente perspectiva de género, así como tampoco están preparados ni capacitados para que se cumpla la ley.

En el caso de Lara, aunque no se obtuvieron datos oficiales, de manera extraoficial se pudo conocer el grado de violencia presentado en las parroquias foráneas o zonas rurales de la región, donde predominan los hogares disfuncionales y debido a las limitaciones de movilización y acceso a las capitales de municipios, no denuncian estos casos ante los cuerpos de seguridad.

Aunque el Ministerio Público ha sido enfático en pedir a la población femenina a denunciar cada vez que sean víctimas, no solo de maltrato físico, sino verbal y psicológico, la mayoría de ella prefieren callar, ya que en un gran número de casos, una vez interpuesta las denuncias, los victimarios se valen de influencias para salir airosos de estas situaciones y los casos quedan impunes, aún cuando la legislación es clara y contundente frente a este delito.