Las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad han emitido su veredicto: no creen que la justicia nacional vaya a investigar realmente sus casos y sancionar a sus responsables, pese a las sentencias proferidas en los últimos meses. Por ello, han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) su intervención.
La petición figura en el informe que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones del juzgado (VPRS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 21 de abril.
En el reporte, de 57 páginas de extensión, se compiló la información aportada por los 8.900 presuntos torturados, detenidos arbitraria e ilegalmente y perseguidos políticos, así como de sus familiares, quienes abrumadoramente respaldaron la solicitud que el fiscal en jefe de la CPI, Karim Khan, hizo a la Sala de Cuestiones Preliminares de ese tribunal. El funcionario pidió autorización para retomar sus averiguaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país al menos desde 2017 por considerar que las autoridades venezolanas no han demostrado una verdadera intención de hacerlo.
«La justicia venezolana no funciona de manera autónoma, solo obedece órdenes de un régimen que tortura y viola los derechos humanos»; en el país «no hay Estado de derecho» o «el Tribunal Supremo de Justicia no solo es brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, sino el arma más letal que tiene el régimen, porque ejerce un control absoluto sobre la administración de justicia a todos los niveles y controla las decisiones de los jueces» son algunos de los argumentos ofrecidos por las víctimas para respaldar la petición del jurista británico.
La CPI, como el resto de los organismos de la justicia internacional, se rige por el principio de complementariedad, es decir, solo puede actuar si las instancias internas no lo han hecho o han probado no ser capaces de hacerlo.
Otro verdugo más
La cooptación de la justicia por parte del Gobierno fue una de las razones más mencionadas por las víctimas para justificar la intervención del juzgado con sede en La Haya, según se desprende de una lectura del reporte de la VPRS
La falta de independencia de los jueces y fiscales ha sido tema de discusión en los organismos internacionales en los últimos años. Así, en la resolución del 1 de octubre de 2020 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que extendió por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, se expresó la «profunda preocupación» del organismo porque la ausencia de transparencia en el proceso de nombramiento de los operadores de justicia, la precariedad en sus condiciones de trabajo y las injerencias políticas a las que se enfrentan «contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles».
Entre 80 y 85% de los casi 2.200 jueces que hay en el país son provisorios, suplentes, accidentales o temporales; es decir, no llegaron a sus cargos a través de concursos públicos de oposición, tal y como lo manda el artículo 255 de la Constitución, sino que fueron designados a dedo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, por lo tanto, el máximo juzgado los considera de libre nombramiento y remoción, por lo que puede destituirlos sin procedimiento alguno que les garantice su derecho a la defensa.
Por su parte, la MDH denunció que el control que el Gobierno ejerce sobre los tribunales y la Fiscalía explican porque ambos han «jugado un papel significativo en represión estatal de opositores (…) en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos».
«(La CPI) es el único mecanismo judicial independiente sobre el que el Gobierno no puede influir», apuntó otra de las víctimas, según el documento de la VPRS
Solo por encima
La capacidad y la voluntad de la justicia venezolana para investigar y castigar hasta las últimas consecuencias los hechos ocurridos en el país han sido puestas en duda por Karim Khan en varias ocasiones en los últimos meses. Apenas en marzo pasado, el funcionario consideró que las autoridades nacionales no probaron que estén llevando adelante «investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance» de lo ocurrido.
En noviembre de 2021, el fiscal hizo un pronunciamiento similar, pero en esa ocasión utilizó las propias cifras que el Ministerio Público (MP) le presentó para probar su supuesta intención de castigar los crímenes. El hecho de que apenas 23 de los 893 casos abiertos por la Fiscalía hubieran terminado con una condena judicial y que 606 (67,86%) se hallaran en fase de investigación, mientras que 764 (85,55%) ni siquiera hubiera logrado determinar la identidad de los perpetradores de los crímenes, sirvieron a Khan para sustentar su postura.
Las víctimas, por su parte, denunciaron al juzgado internacional que las averiguaciones internas son superficiales y que no se ajustan a la gravedad de lo ocurrido.
«Nadie castiga a los verdaderos responsables, que son los altos mandos», se quejó una víctima, cuyo testimonio fue incorporado al informe.
Hasta ahora las pocas sentencias judiciales dictadas en algunos de los casos bajo investigación de la CPI han estado dirigidas contra los autores materiales de los crímenes. Ejemplo de lo anterior son las condenas impuestas en octubre de 2021 contra dos agentes de la Policía de Carabobo por dar muerte al joven Daniel Alejandro Queliz durante una manifestación en 2017; y contra el policía militar que disparó a quemarropa al estudiante David Vallenilla en las inmediaciones de la Base Área de La Carlota, también en una manifestación del mismo año.
El Estatuto de Roma deja en claro la obligación de investigar a las líneas de mando tanto por ordenar como por no impedir o encubrir cualquier crimen de lesa humanidad, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
Más amplia
Los venezolanos que atendieron la invitación de la CPI no solo abogaron por que se permita a Khan retomar sus averiguaciones, sino que solicitaron que las mismas se extiendan en el tiempo y a un mayor número de delitos.
«La víctima pide a los jueces que observen más de cerca la situación en Venezuela desde las protestas de 2014», se lee en el reporte.
Por su parte, decenas de personas más solicitaron que las investigaciones no se limiten a los cuatro delitos anunciados por Khan en noviembre de 2021 (tortura, detenciones ilegitimas y arbitrarias, tortura y persecución), sino que se incorpore también el asesinato, debido a las ejecuciones extrajudiciales, y el desplazamiento forzado.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La masiva participación de las víctimas venezolanas en el proceso abierto por la CPI, hasta ahora la segunda más grande tras la relacionada con el caso de Afganistán, revela dos cosas: por un lado, la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y voluntad de instituciones nacionales para investigar los crímenes, y por el otro, la esperanza que genera la posibilidad de que la CPI estudie lo ocurrido.
Ahora solo resta esperar a que la Sala de Cuestiones Preliminares revise tanto la solicitud del fiscal Khan como las observaciones presentadas por las autoridades venezolanas y, por supuesto, la opinión de casi 9.000 venezolanos.
Nota de prensa