Este año observamos una serie de mensajes cruzados entre el gobierno y el sector empresarial privado, los cuales indican un interés por parte de ambos de restablecer actividades económicas en sectores que han permanecido por muchos años (desde 2006) bajo el control mayoritario del gobierno nacional.
Actividades anteriormente manejadas eficiente y exitosamente por el sector privado, tanto nacional como internacional.
Hoy bajo el control estatal por haber sido compradas, expropiadas o reservadas.
La invitación ha sido hecha directamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y coordinada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Dirigida a invertir y convertirse en operadores en sectores como: petróleo, gas natural, petroquímica, níquel, y telecomunicaciones.
Algunas de ellas, fueron por años actividades privadas, como la Electricidad de Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Cabello y Puerto Ordaz. como en telecomunicaciones lo fue desde 1989 la CANTV.
En petróleo, gas y petroquímica, se tuvo la presencia de muchas empresas transnacionales propietarias.
El gobierno ha llegado a la conclusión que el control mayoritario y operación ha disminuido la eficiencia y rentabilidad de estas empresas.
Grupos privados venezolanos e internacionales han expresado el deseo de participar, Vepica, Inelectra, Sucre Holding, Grupo Canaima, al lado de inversores internacionales como Amos Global Energy y Gramercy Funds Management.
Estos grupos han hecho público su interés en participar en esta nueva etapa, y se han cruzado expresiones de intención de ambas partes. Lo importante es cómo convertirlas en realidad.
Después de un largo periodo donde ha prevalecido el criterio que esas actividades son de la competencia única del gobierno, es justificado que aún exista desconfianza.
Se requieren garantías, lo cual les de confianza de la permanencia de estas acciones en el tiempo.
Esta solicitud es insoslayable ya que en Venezuela no existe la holgura de fondos para invertir y estos grupos deben acudir a fuentes foráneas para responder a estas inversiones.
Lo que hace mandatorio la promulgación de leyes que se adapten a estos nuevos tiempos y que funcionen fuera de las sanciones y limitaciones internacionales. Todos, gobierno y sector privado, esperan por la flexibilización de estas sanciones y que ellas sean también respaldadas por un acuerdo firme entre el Gobierno y la oposición política y de esta última con la nación.
Aprobaciones legislativas que cuenten con el respaldo de gobierno y oposición son las indispensables para darle las debidas garantías de seguridad jurídica a estos acuerdos empresariales que permitan el rebote firme y creciente a la economía.
*Ex Presidente: Fedecámaras, Consejo Empresarial Andino, Consecomercio y Cámara Petrolera
@eromeronava