Las cabezas del llamado ‘clan del Golfo’ y de otras poderosas bandas criminales le están pidiendo al presidente electo, Gustavo Petro, pista para una negociación que termine en su entrega y el desmonte de sus estructuras criminales.
Por eltiempo.com
En una carta dirigida a Petro, la vicepresidenta electa Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva, los herederos de alias ‘Otoniel’ -extraditado a Estados Unidos por el gobierno Duque- y los jefes de los ‘Caparros’, los ‘Rastrojos’, los ‘Shottas’ (de Buenaventura), la banda La Inmaculada (de Tuluá) y Los Mexicanos (de Quibdó) aseguran que están dispuestos a “parar la violencia cíclica” que, dicen, “controlan”, y ordenar “un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022”
Organismos de seguridad consultados por EL TIEMPO aseguraron que se trata de una comunicación realmente impulsada por las bandas criminales, que con las disidencias de las antiguas Farc y la guerrilla del Eln sostienen una sangrienta guerra por el control del narcotráfico en varias zonas del país.
Esos grupos ilegales, que pueden tener unos 3 mil delincuentes armados, ofrecen desarmarse “en el momento indicado”; dicen que están “dispuestos a pedir perdón” y a aportar “verdad total e integral”; “no repetir los actos criminales”; “cumplir con la justicia restaurativa” y “unirse con las instituciones para proteger el medio ambiente”.
No hablan en ninguna parte de la carta de la entrega de fortunas ilegales ni de las rutas del narcotráfico y los negocios de minería ilegal que controlan ni de asumir responsabilidad penal por sus miles de crímenes. De hecho, pretenden que “en la medida de lo posible nadie debe llegar a la cárcel”.
Y acto seguido piden “una segunda oportunidad que incluya a compatriotas presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer los hechos oscuros de nuestro país”.
Las cabezas de las bandas criminales dicen que esperan “garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros”, en referencia a la justicia transicional que ha cobijado a los paramilitares y guerrilleros de las Farc que negociaron la paz con los gobiernos de Uribe y Santos, respectivamente.
Esa justicia permite aplicar penas bajas o incluso penas diferentes a la cárcel a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Hasta el momento no se conoce una respuesta oficial del nuevo Presidente a esta carta, pero una eventual aceptación de esos términos implicaría conceder un tratamiento político -la justicia transicional- a grupos de narcotraficantes puros y duros.
Petro, sin embargo, habló durante su campaña de una política de paz amplia que incluiría al Eln, disidencias y las bandas, aunque los términos de esa estrategia aún no han sido puntualizados y en todo caso deberían pasar por el Congreso y las altas cortes.