Ambientalistas pidieron este miércoles a empresas extranjeras clasificar a Brasil como área de alto riesgo para la extracción de oro pues gran parte de las minas -en su mayoría ilegales- está en la Amazonía brasileña, que sólo en 2021 perdió el equivalente a 30 canchas de fútbol por esta razón.
En la más extensa selva tropical del mundo fueron devastadas el año pasado 12.100 hectáreas de vegetación nativa por la búsqueda del precioso metal, siete veces más que en 2015, cuando fueron arrasadas 1.800 hectáreas, según datos de la plataforma “Lo que no cuentan sobre el oro”, lanzada este miércoles por el Instituto Escolhas.
De acuerdo con esta herramienta que busca brindar transparencia sobre un tema del que se tienen pocos datos públicos en Brasil, las más afectadas son reservas indígenas y ambientales, y donde el precioso metal es extraído de forma ilegal por “garimpeiros”, pues la actividad minera está prohibida en esos territorios.
El “garimpo” es considerado por los ambientalistas como una de las principales amenazas de la Amazonía brasileña y, según ellos, está lejos de operar en escala artesanal como es descrito por la legislación brasileña.
Aunque algunos países cuentan con una regulación que controla la importación de oro y de otros minerales extraídos de áreas de alto riesgo, como son las reservas indígenas y ambientales, Brasil no está en la lista de los países monitoreados.
“La Unión Europea, por ejemplo, ya tiene un reglamento para minerales provenientes de áreas de conflicto y alto riesgo con el que controla las importaciones de oro y otros minerales como la casiterita, la tantalita y el estaño (…). El problema es que Brasil no está incluido”, aseguró a Efe Larissa Rodrigues, gerente de portafolio del Instituto Escolhas.
“ORO DE SANGRE”
La nueva fiebre del oro que se despertó con la covid-19, la cual disparó los precios del metal a niveles récord en 2020, no sólo ha devastado la selva sino que también ha dejado provocado muertes en varias poblaciones nativas del gigante suramericano que luchan por preservar las reservas.
A eso se suma la contaminación con mercurio de las aguas que riegan los territorios indígenas afectando seriamente la salud y supervivencia de estas poblaciones.
“Si la Unión Europea y otros países que compran oro brasileño como el Reino Unido o Suiza no hacen ese reconocimiento, no vamos a conseguir romper la demanda por ese oro de sangre. Ese es el problema, Brasil produce oro de sangre”, agregó la experta.
LA MAYORÍA DEL ORO EXPORTADO ES DE ORIGEN “SOSPECHOSO”
De acuerdo con el Instituto Escolhas, Brasil vendió entre 2015 y 2020 un total de 229 toneladas de oro de origen sospechoso, lo que supone el 53 % del total producido por el país en esos seis años, pues fueron identificados indicios de ilegalidades en la documentación cuyos registros no indican el origen del metal o presentan inconsistencias sobre su procedencia.
El metal fue adquirido mayoritariamente por empresas de Canadá (42 %), Suiza (20 %) y Reino Unido (11 %) y representa el principal producto brasileño en el comercio bilateral con estos países.
Solo en 2020 el gigante suramericano recibió más de 4.900 millones de dólares por las ventas de oro en el exterior, un comercio que creció un 8 % en 2021, cuando la comercialización del metal le dejó a Brasil unos 5.300 millones de dólares.
Según la ONG, para frenar la ilegalidad es necesaria una adecuada fiscalización interna en Brasil, donde actualmente las autoridades hacen “la vista gorda” y donde hasta la legislación facilita los esquemas de fraude.
Sacar de circulación el oro brasileño ilegal no es una tarea fácil, pero, de acuerdo con Rodrigues, se puede lograr mediante un sistema de rastreo que vaya desde la extracción del metal hasta el consumidor final, un mecanismo que solo requiere de la voluntad del Gobierno brasileño y de las naciones que importan oro del gigante suramericano.
EFE