El caso de una violación grupal sufrida por una mujer de 30 años en Uruguay abrió un debate en la sociedad sobre la falta de “una respuesta rápida” para estos delitos, ya que, pese a que los presuntos agresores fueron detenidos, quedaron en libertad con la sola obligación de estar localizados.
La carencia de herramientas ágiles para la solución rápida de estos delitos fue denunciada por la fiscal de Delitos Sexuales Syliva Lovesio, que encabeza la investigación del caso y que, en declaraciones a la radio local DelSol, dijo que las mujeres uruguayas “no están seguras”.
“La misma indignación que le causa a la sociedad nos causa a nosotros, que escuchamos a la víctima, tenemos que leer los informes que nos dieron donde se corrobora lo que la víctima padeció, ir a un juicio”, detalló.
En el caso de violación grupal que ha conmocionado a la opinión pública, la mujer relató que, tras conocer a un hombre en un bar e ir a su apartamento, el domingo por la noche, a la vivienda entraron otros dos hombres y entre los tres la abusaron.
Las pericias forenses constataron la violación, pero los tres detenidos se negaron a someterse a una prueba de ADN, por lo que hubo que recurrir a una autorización judicial.
A la espera de los resultados, los tres hombres fueron puestos en libertad, pero emplazados (es decir, deben estar localizados en sus domicilios).
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