El régimen creó un conjunto de leyes, con la finalidad de intervenir el normal funcionamiento de cada uno de los componentes de los circuitos agroalimentarios. Entre las más punitivas de estas leyes está el Decreto Ley de Costos y Precios Justos, creada con el objeto de establecer regulaciones y mecanismos de administración, control e intervención en la comercialización de los alimentos. Esta ley se creó por decreto presidencial, amparada por una ley habilitante de la Asamblea Nacional, en ese momento con mayoría chavista.
Este decreto ley se aprueba, sin cumplir con una norma fundamental que es la consulta obligatoria con todos los sectores que pueden ser beneficiados o afectados por su aplicación, como en este caso serían los sectores productivos y los consumidores. Además, este decreto ley viola artículos de nuestra carta magna, como el 305 y el 315 que garantizan la promoción, la protección y la prioridad a la producción nacional de alimentos, así como el respeto a la propiedad. Mediante su aprobación se crea la tristemente célebre Sundde, destinada a aplicar sanciones, como multas, arrestos, intervenciones y toma de control de las empresas afectadas. En la mayoría de los casos estas medidas se toman por vías de hecho, es decir sin el debido procedimiento e invirtiendo la carga de la prueba: la culpabilidad se presume y debes demostrar tu inocencia, todo empresario es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
En El Plan País Agroalimentario se establece, como una de las medidas para garantizar la seguridad jurídica de los productores y de los consumidores, la derogación de este decreto ley. Ya que se atenta contra el derecho de los consumidores a tener disponibilidad de alimentos de su preferencia, suficientes y en la oportunidad que lo requiera, sin controles de ninguna naturaleza. También la supresión y liquidación de la Sundde, por considerar que un organismo de esta naturaleza, no puede existir en un Estado de Derecho. La protección que requiere el consumidor en un Estado Democrático, por ejemplo, es la seguridad de que los alimentos que consume sean totalmente inocuos y en sus etiquetas estén indicadas sus características exactas en lo que se refiere a contenido nutricional y cantidad de sus ingredientes.
Los controles de la producción y de la comercialización de alimentos crean precios injustos que castigan al consumidor. El Estado lo que tiene que controlar es el gasto público, porque gastar más de lo que ingresa genera dinero que no ha sido recaudado, es decir dinero inorgánico, que aumenta la demanda artificialmente y supera la oferta de bienes y servicios creando una espiral indetenible de aumento de precios. En vez de aplicar controles a la producción, se requiere una política económica efectiva que le de fortaleza a la moneda nacional, para que la población tenga confianza y no busque la protección de sus ahorros en monedas extranjeras. De esta manera se controla la inflación y se estabiliza la relación del bolívar con las otras monedas.
El Estado tiene el deber de promover la libre iniciativa privada, para que exista la propensión a invertir, producir y de transar bienes y servicios. Los controles a la producción y a la comercialización son necesarios, cuando determinados sectores pretendan cartelizar los precios validos de su situación de dominio en perjuicio del consumidor, para evitarlo el Estado crea leyes que no lo permiten, pero estas leyes la aplican los tribunales competentes y no mediante procedimientos administrativos de un funcionario dependiente de un organismo como el Sundde.
La seguridad jurídica y las políticas públicas acertadas, junto con la aplicación de técnicas avanzadas, insumos suficientes y oportunos y financiamiento adecuado, generan producción y productividad y eso se traduce en mayor volumen y mayor oferta de alimentos. Una oferta suficiente de alimentos activa la competencia y la competencia nivela los precios, amplía la oferta y mejora la calidad, el resultado son precios verdaderamente justos sin controles ni intervenciones. De eso se trata el Plan País Agroalimentario.
Un Estado responsable no abandona a su población vulnerable, no la manipula con dádivas ni con falsos programas de asistencia alimentaria, que disfrazan la intención del sometimiento ideológico y de castrar su derecho a la protesta. Un Estado responsable aplica un plan de subsidio directo, para que la población vulnerable, mientras supera el desempleo y la precariedad, tenga recursos para comprar los alimentos de su preferencia, las medicinas que le hagan falta y pagar el transporte para garantizar su movilidad. De todo esto se trata el Plan País.