El sistema judicial venezolano no está al servicio de los ciudadanos del país, excepto a los que detentan o están cerca del poder. Lentitud, corrupción que abona la pobreza y el hampa. impunidad a la delincuencia de cuello blanco, decisiones entre gallos y media noches del TSJ, lo caracteriza, no obstante, cuando los ciudadanos desde dirigentes políticos, parlamentarios, funcionarios públicos y los de a pie, deciden enfrentar al oficialismo, se vuelve eficiente, expedito y sumiso ante las órdenes emanadas de Miraflores.
Este jueves los trabajadores del sector judicial hicieron una jornada cívica “La Marcha de las Togas” en todo el país para hacerse oír ante la comunidad nacional e internacional. El pasado 9 de septiembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en la actualización oral del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado por su oficina el 5 de julio señala “desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello, que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe”. Si bien el Informe se refiere al sistema penitenciario y detenidos considerando que ha habido avances recientes, en criterio de profesionales del Derecho las excarcelaciones han sido selectivas y con medidas cautelares. Además, se ha observado que, por un excarcelado, persiguen y hostigan llegando al allanamiento de viviendas, de docenas de personas.
Los organizadores de la jornada de protesta, la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Colegios de Abogados, el Frente Amplio Profesional, la Federación de Trabajadores Tribunalicios de la Magistratura (DEM) entre otros, dijeron que seguirán en la calle hasta que el sector judicial deje de padecer los agudos problemas que confrontan los trabajadores, entre ellos sueldos que han empobrecido aún más a hombres y mujeres robándoles su calidad vida, carencia de seguridad social, la discusión de la contratación colectiva, el desmejoramiento general de la jornada laboral. “El régimen manipuló el poder judicial para atemorizar a los ciudadanos con el terrorismo de estado por lo que hay que declarar urgente la emergencia judicial”. El estado de derecho disminuye la corrupción, protege a los ciudadanos, combate la pobreza y por ende la delincuencia y genera la paz social.
Recordaron que entre 2016 y 2019 hubo 104 sentencia contra la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido nacional e internacionalmente y en el 2008 la Sala Plena emitió 86 decisiones.
Entre las consignas de la Marcha de las Togas estuvo ¡basta de la justicia tarifada¡, eliminar la corrupción, sueldos dignos, celeridad en las decisiones judiciales, cese a la persecución de los trabajadores tribunalicios. Sobre esta demanda la Ley de Garantías para los funcionarios públicos a los que se les ha vulnerado los derechos laborales aprobada en mayo de este año, garantiza la protección de los ciudadanos que al servicio del país laboran en la administración pública y todas las exigencias no solo del sector judicial, de los demás sectores nacionales serán atendidas y cumplidas, para ello es inevitable el cambio del sistema político y el cese de la usurpación. Millones de ciudadanos acompañan al presidente (e) de Venezuela Juan Guaido en el compromiso de liberar a Venezuela y devolver la República a sus nacionales y se logrará con el tesón, la fe ya certeza de que jornadas de protestas en las calles lo harán realidad.
Nota de prensa