![Nota de prensa](https://ovxp.mcehc.com/wp-content/uploads/2018/02/Fracci%C3%B3n-16J-1.jpeg?resize=640%2C425)
De acuerdo con lo anunciado, la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio planteó la apertura de un debate en torno a la exhortación que, en fecha reciente, le hiciera el Tribunal Supremo de Justicia para proseguir con la transición constitucional, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 233 y 234 de la Constitución.
A tal efecto, en nombre de la referida agrupación parlamentaria, el diputado Biaggio Pillieri solicitó la palabra para una modificación del Orden del Día con el propósito de que se incluyera tan importante e ineludible comunicación oficial del Alto Tribunal de la República, fuese discutida y aprobada de conformidad con la Carta Magna. E inmediatamente consignó por escrito sus alegatos.
La Fracción 16 de Julio consideró que la Asamblea Nacional, al desestimar la comunicación, incurría en un error jurídico conceptual, porque en fecha 09/12/2017, al declarar el abandono del cargo, éste resultó de un “control político exclusivo” que “perdió validez por el transcurso del tiempo que ha mediado desde su declaratoria sin que el ente legislativo declarara la falta absoluta”.
Agregaron: “En esta oportunidad nos declaramos frente a un supuesto completamente distinto, como es la suspensión del ejercicio del cargo por mérito de una responsabilidad penal (siendo su establecimiento en este caso, exclusiva competencia del poder judicial) causada por la autorización al juicio (hecha el 17 de abril pasado por ésta Asamblea Nacional) por graves delitos de corrupción”.
Distinguiendo entre el supuesto y el supuesto jurídico-penal, consideraron los miembros de la Fracción 16 de Julio, lo conducente es que la Asamblea Nacional acate lo ordenado en la decisión del TSJ, designado pr el parlamento, con base a la transición prevista en la Constitución para “llenar el vacío de poder”.
Llama poderosamente la atención no sólo la exclusión de esta materia o de la propia persecución y allanamientos sufridos por los familiares de los magistrados en el exilio en el Orden del Día, sino que, al negar toda discusión, la Junta Directiva obvie el deber que la Asamblea Nacional tiene de sustituir a Nicolás Maduro, a quien, por cierto, junto a sus más altos funcionarios gubernamentales, se le ha pedido la correspondiente rendición de cuentas o la presentación del presupuesto público nacional, aunque fuere de facto.
A tenor de un comunicado complementario de la fracción, posterior a la intervención del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional que dio por cerrada la discusión, negándolo, la 16 de Julio manifestó que “si fuere el caso, declarado el abandono del cargo, estimándose a Nicolás Maduro como el ciudadano común que no es, la Asamblea Nacional debió y debe llenar el vacío de poder, pues, no basta con desconocerlo, obligados y competentes para el reemplazo en términos constitucionales”.
Finalmente, el comunicado en cuestión enfatizó que “la Fracción 16 de Julio cumple cabal y decididamente con el deber de alertar en torno a la ineludible responsabilidad de la Asamblea Nacional para con la transición constitucional, cuyo trámite, más temprano que tarde, habrá de cumplirse para la definitiva superación de una dictadura en sintonía con el coraje que ha demostrado el país para rechazarla reiteradamente”. Así lo señalaron los diputados Richard Blanco y Dignora Hernández (jefe y subjefa de la fracción), Juan Pablo García, Nafir Morales, Alexander Luzardo, Omar González, Biaggio Pillieri y Luis Barragán.
Nota de Prensa