![NAC107. CÁDIZ, 23/04/2012.- El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), Gustavo Mohme (i), del diario "La República" de Perú, y el presidente de esta organización y editor de The Washington Post, Milton Coleman (d), durante la rueda de prensa que han celebrado hoy para dar a conocer las conclusiones de la reunión que ha mantenido la SIP en Cádiz. La organización ha alertado de que la libertad de expresión en Latinoamérica atraviesa un panorama "sombrío". EFE/Román Ríos.](https://ovxp.mcehc.com/wp-content/uploads/2018/02/5428104.jpg?resize=640%2C484)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda por difamación contra cuatro periodistas venezolanos y denunció que el Gobierno de Venezuela usa leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa.
La SIP, con sede en Miami, señaló que los editores Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el reportero Roberto Deniz tuvieron que abandonar Venezuela después ser demandados por el empresario colombiano Alex Saab tras escribir sobre sus vínculos con el Gobierno de presidente Nicolás Maduro.
Los periodistas del portal de investigación venezolano Armando.info habían recibido amenazas y su información personal había sido divulgada en las redes sociales, precisó la SIP.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, lamentó que leyes de difamación y los consiguientes procesos judiciales se utilicen como mecanismos favoritos del Gobierno de Venezuela para “frenar la difusión de información crítica y generar autocensura”.
Armando.info publicó en abril y septiembre de 2017 dos reportajes que vinculan a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres.
De acuerdo con la investigación, el Gobierno de Venezuela benefició a la compañía con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados, precisó la SIP.
Los cuatro periodistas fueron demandados por Saab por el presunto delito de “difamación” e “injuria” agravadas, que conllevan penas de entre uno y seis años de cárcel.
“No nos extraña que ante los supuestos delitos cometidos y la escasa posibilidad de un proceso judicial justo e independiente, los colegas hayan tomado la difícil decisión de salir del país”, expresó por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock.
La SIP recordó que Saab también demandó en 2017 al periodista Gerardo Reyes de la cadena Univision, con sede en Miami, por investigar sus negocios. EFE