![Opposition activists protest against the government of President Nicolas Maduro, at the Francisco Fajardo highway in Caracas, on July 1, 2017. Venezuela marks three months of violent protests within a political and economic crisis with protesters demanding President Nicolas Maduro's resignation and new elections. / AFP PHOTO / Federico Parra](https://ovxp.mcehc.com/wp-content/uploads/2017/07/000_Q49M0.jpg?resize=640%2C426)
Antes de que sea peor, es necesaria una mayor presión internacional sobre Maduro para que se vaya y dé paso a una verdadera democracia, dice el editorial de este lunes del diario ABC de España.
Editorial ABC
Venezuela está siendo empujada por el Gobierno de Nicolás Maduro hacia una guerra civil, provocada por un régimen que no esconde, sino que exhibe, los pasos que va a dar para instaurar la dictadura. El primero será una Asamblea Constituyente, con la que Maduro pretende oficializar el golpe de Estado que se producirá en cuanto el Parlamento democrático quede anulado. Falló en su día el Tribunal Supremo en este objetivo, cuando desapoderó al Parlamento de sus competencias y luego tuvo que rectificar. Pero ahora Maduro ha puesto su confianza en los grupos radicales y paramilitares armados y en la lealtad, quizá más frágil de lo que piensa, de las fuerzas militares y policiales. Y si falla también el golpe de Estado con la Asamblea Constituyente, Maduro tiene un plan «b»: lograr con las armas lo que le nieguen las urnas. Así lo dijo. Pocas veces un dictador ha sido tan sincero a la hora de mostrarse como tal.
La demencial evolución del régimen de Caracas ha abierto grandes fracturas en su seno. La fiscal general Luisa Ortega Díaz está en franca oposición al Gobierno del Maduro. Ha impugnado el proyecto de Asamblea Constituyente, tiene denunciados a los magistrados del Tribunal Supremo y ha ordenado investigar al director del servicio de inteligencia bolivariano (Sebin) por vulnerar los derechos fundamentales de los opositores. Como ejemplo, el del español Yon Goicoechea, quien, con una orden judicial de libertad desde octubre del año pasado, sigue encerrado a día de hoy en un calabozo de la sede del Sebin. Luisa Ortega, que tiene prohibida la salida del país, era una declarada chavista y ha abierto una brecha entre el chavismo y el madurismo por la que puede formarse un amplio espectro de resistencia al golpismo de Nicolás Maduro. Es probable que en estas primeras disidencias del chavismo frente a Maduro haya más necesidad y sentido de la anticipación que verdadera virtud democrática. No es extraño que el régimen empiece a sufrir las deserciones de los que quieren estar bien situados para el día después de la caída de Maduro y de su régimen.
La oposición democrática sigue su movilización en la calle, mientras el recuento de muertos, que ya llega a 85, a manos de las fuerzas policiales no cesa. Las condiciones de los presos políticos empeoran día a día, sin que la intervención de mediadores como Zapatero esté sirviendo para mejorar su situación. Más bien sirve para dar coartada al régimen que los tiene encarcelados. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Ha sido sustituido por un régimen opresor del que huyen cientos de ciudadanos a diario para buscar asilo y refugio fuera de sus fronteras, con España como uno de sus destinos preferentes. Antes de que sea peor, es necesaria una mayor presión internacional sobre Maduro para que se vaya y dé paso a una verdadera democracia.