El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, decretó la suspensión de las garantías constitucionales, la disolución del Congreso y del Poder Judicial. A partir de esa fecha, concentró en sí mismo, todos los poderes de la Estado, ordenando poco después al organismo electoral una consulta electoral para legitimar el autogolpe. El argumento esgrimido por el dictador de marras, fue el manoseado propósito de “sanear la clase política y combatir la corrupción”. Sin embargo, desde hacía meses, la situación política y económica en Guatemala mostraba signos agitación dada la incapacidad del gobierno para atender los inmediatos problemas que aquejaban a la población y la tendencia cada vez más autoritaria asumida por Serrano Elías frente a sus críticos.
De manera que el guión puesto en práctica, calcó el autogolpe realizado en el Perú un año antes, por Alberto Fujimori, conocido como el Fujimorazo. Todo parecía indicar que la maniobra en Guatemala también resultaría exitosa, pues Serrano Elías prohibió la circulación de la prensa y la aplicación de medidas represivas contra los opositores.
De pronto, el Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, logró sortear el cerco dictatorial y emitió una declaración en el que denunciaba el quiebre del orden constitucional e hizo un llamado a todos los sectores a luchar por el pronto reestablecimiento de la Democracia ultrajada.
Así, comenzaron las protestas en la calle en rechazo al Serranazo que por varios días pretendió amordazar los gritos de libertad multiplicados por doquier. Entre tanto, los magistrados de la Corte Constitucional, negados a aceptar la disolución, aprobaron una histórica sentencia que invalidaba los decretos golpistas de la dictadura, ordenando además al Ejército apegarse a la Constitución y hacer cumplir el dictamen judicial.
Serrano Elías al verse sin respaldo, decidió huir la madrugada del 1 de junio con rumbo a El Salvador. Su vicepresidente quien también fue partícipe del autogolpe, pretendió como si nada asumir las riendas del Ejecutivo acéfalo, pero resultó impedido por centenares de manifestantes que exigieron su inmediata renuncia. El inesperado giro, determinó que el presidente de la Corte asumiese interinamente la Presidencia de la República, mientras los Diputados y Senadores reconstituían el Congreso para proceder a declarar la vacante absoluta y elegir un nuevo Presidente que completase el resto del período constitucional. Y el designado resultó ser el procurador León Carpio.
Así las cosas, vemos como el accionar de los restos de institucionalidad que puedan operar en medio de situaciones muy peligrosas, surten el efecto deseado al echar por tierra los perversos planes de los dictadores de turno. La clave está en combinar la irrefrenable acción en las calles y la entereza de funcionarios públicos dispuestos a no prestarse o seguir prestándose a la violación de los preceptos constitucionales.