“Rechazamos y condenamos, desconociéndolas, las limitaciones que desea imponer el ministerio del TSJ a la Asamblea Nacional y advertimos de otras probables maniobras judiciales para desconocer la inmunidad parlamentaria en Venezuela, violentando la propia Constitución de la República”, señaló el diputado por el estado Monagas, Carlos Bastardo.
“Por lo pronto, la decisión adoptada por el gobierno nacional a través del TSJ, pretende desconocer no sólo las atribuciones, competencias o facultades concretas que tiene la Asamblea Nacional en el ámbito legislativo, sino su propia naturaleza, desconociendo la Constitución. No podemos supeditarnos los asambleístas a las directrices previas de una vicepresidencia ejecutiva para plantear, discutir y sancionar las leyes que benefician a la población. Todo lo contrario, ésta debe someterse al control parlamentario para no incurrir más en los desafueros de una gestión que ha llevado al país a la crisis humanitaria, más allá de toda debacle económica. Es el parlamento al que le corresponde valorar correctamente la viabilidad de un instrumento legal e, insistimos, hay fondos para beneficiar a los más necesitados mediante la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, a pesar del desprecio evidente que siente por ellos Nicolás Maduro, el gran despilfarrador de los últimos años”.
Alertó el diputado Bastardo, en nombre de la fracción parlamentaria de Vente Venezuela: “El régimen está evaluando otras medidas tanto o más graves que la recientemente dictada por su ministerio del TSJ, como es la de consagrar la censura a los parlamentarios que no paramos de denunciar sus atrocidades. Consabido, es una prerrogativa como integrantes de la cámara, antes que un privilegio personal, el de formular denuncias y emitir opiniones sin que haya limitación alguna por cualesquiera órganos del poder establecido. Ahora se estudia el desconocimiento de esta faceta de la inmunidad parlamentaria que permita someter a juicios ordinarios o militares a los diputados, sin necesidad de allanarlos formalmente o relativizando este requisito. Recordemos el nefasto precedente de la ‘destitución administrativa’ de María Corina Machado que hoy puede recaer en manos completamente ajenas a la Asamblea Nacional”.