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El Colegio Nacional de Periodistas denuncia una nueva arremetida del gobierno que, en esta oportunidad busca desprofesionalizar la carrera de periodismo mediante un anteproyecto de ley introducido por el ex precandidato a la alcaldía de Maracaibo del PSUV, dueño del diario Qué Pasa, y asesor de la Cámara de Periódicos de Venezuela, que controla el papel que recibe la prensa, Gastón Guisandes, en el que, a juzgar por sus propias palabras en la subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional, intenta equiparar a cualquier persona que use redes sociales o que hable por un micrófono con los profesionales, es decir, los comunicadores sociales que se formaron en una universidad y que se someten al control de nuestro Código de Ética cuando se inscriben en el CNP, tal como lo dispone la presente ley de Ejercicio del Periodismo.
Aunque el anteproyecto gobiernero no se ha dado a conocer ni siquiera a los diputados de la subcomisión de Medios y permanece escondido en la oficina de la presidente de esta, el Colegio Nacional de Periodistas ha podido formarse una opinión a partir de las declaraciones que el proponente, el dueño del periódico Qué Pasa, ha dado en los medios del Estado, que le han cubierto ampliamente a este despropósito.
El CNP defiende uno de los logros del pueblo de Venezuela desde los años 70: que la comunicación social esté en manos de personas formadas en las aulas de las universidades, lo que significa que se reconoce la necesidad de que quien esté detrás de la redacción de una noticia sea una persona con criterio, conocimiento, independencia económica y moral, y sobre todo RESPONSABILIDAD, no solo ante su propia conciencia, sino ante el gremio, que tiene un tribunal disciplinario, que vela por la buenas prácticas de la profesión. La necesidad de formar a quienes ejercen la comunicación social en Venezuela ha sido reconocida por el pueblo y la prueba está en que de las tres escuelas de periodismo que existían en 1972, cuando se aprobó la ley, se pasaron a 20 en la actualidad, incluyendo a la existente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En la actualidad, comunicación social es una de las carreras más apetecidas por los jóvenes venezolanos que egresan del bachillerato.
Llama la atención el hecho de que el proponente de este proyecto de ley invoque la necesidad de agremiar y de amparar a los que de manera personal utilizan las redes sociales, publican en blogs o hacen vida en las radios comunitarias, como si la legislación actual, desde los tratados internacionales en materia de Libertad de Expresión suscritos por la República, la Constitución Nacional y la misma Ley de Ejercicio del Periodismo no lo hicieran. El artículo 3, donde se define la profesión del periodista, tiene un primer parágrafo que dice textualmente: «Quedan exceptuadas [las personas que ejerzan]las funciones de la misma índole que ejerzan en órganos de difusión impresos o audiovisuales dependientes de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de carácter cultural, político, sindical, religioso, científico, técnico, ecológico, vecinal o estudiantil, que tengan como único fin la información y divulgación de sus propias actividades». De aquí se desprende que la función periodística regulada por la Ley es aquella relacionada con el periodismo como actividad económica. Cabe destacar que cuando se lanzó, los principales adversarios de esta ley fueron los dueños de periódicos, como el señor Guisandes. Hoy por hoy, sus principales enemigos son aquellos que quieren acabar con la independencia ideológica del periodista desde una visión impuesta por el gobierno, y que para ello se vale de personas, como el señor Guisandes, para amortizar el costo político que representaría para el oficialismo la liquidación de facto del Colegio Nacional de Periodistas, por cuya independencia lucharon incluso algunos de nuestros agremiados que están en la bancada oficialista de la Asamblea Nacional.
Cuando hablamos del peligro de la posible creación de un colegio de comunicadores sociales lo hacemos advirtiendo lo siguiente: detrás de la cortina de la «protección» a los usuarios de las redes sociales y a los llamados comunicadores comunitarios, el registro y el control de un ente tutelado por la Vicepresidencia –según algunas informaciones del anteproyecto que el propio Guisandes ha hecho conocer a la prensa– pudiera significar que para la utilización de las redes habría que estar sometido a la discrecionalidad de un órgano político, que a juzgar por la forma en que se comportan los funcionarios, podría significar un candado a una de las pocas opciones de expresión libre que quedan en Venezuela. Esto lo afirmamos en el contexto de toda una propuesta de leyes que apuntan a controlar la comunicación popular y el uso de Internet.
Hoy, junto a nosotros, se encuentran también los presidentes de otros colegios profesionales de Venezuela, muchos de los cuales han mostrado su desacuerdo con este intento, porque implicaría la devaluación de los títulos universitarios, lo que se enmarcaría en lo que parece ser una guerra general al conocimiento, un desprecio generalizado al saber, al criterio formado libremente, al mérito ganado por el ejercicio intelectual. Igualmente, significaría un insulto al sacrificio de miles de padres que abnegadamente han pagado los estudios superiores de sus hijos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Colegio Nacional de Periodistas llama a sus 23 mil afiliados, a sus 26 seccionales en todo el país, a los estudiantes de Comunicación Social, a las academias, a los demás colegios profesionales, a los medios de comunicación, a los comunicadores populares y usuarios de las redes sociales, y al pueblo de Venezuela a estar alertas ante esta nueva amenaza que, de concretarse, apuntalaría la hegemonía comunicacional del gobierno de Venezuela, esbozada ya en el 2007 por el exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra.
Prensa CNP