En el medio del show mediático de anoche 26 de febrero de 2014 de Miraflores Productions (Conferencia de Paz o una canción desesperada), muy concurrido pero carente de representatividad por parte de la mayoría que estaban y que no deberían estar, unos por que no tiene la legitimidad en sus ámbitos de actuación o porque se subrogaron una representación que no fue consultada con sus organismos representados o simplemente no carecen de ella, se materializó la “Comisión de la Verdad” propuesta por el Presidente de la República.
Sin embargo, Lorenzo Mendoza uno de los asistentes líder indiscutible del empresariado “no por apellido” sino por trabajo denodado y preparación, que no encabeza organismo cúpula empresarial, sino por ser el Presidente con credenciales propias y reconocimiento por parte de “tirios y troyanos” de su liderazgo indiscutible pocos su compromiso con el país y trayectoria ciudadana impecable propuso, para sorpresa de los empresarios, una “Comisión por la Verdad Económica”.
La CVE de Mendoza fue la única posición seria, analítica y propositiva, que exigió menos politiquería y más atención al tema económico que lo condiciona todo, por no decir en nuestra posición conceptual todo, que desenmascara posiciones de aquellos que obtiene una rentabilidad perversa de la prédica de la polarización del país y su rol de fiel de la balanza al servicio del mejor postor; que puso de relieve lo “afirmativo venezolano” al destacar su carácter emprendedor, el no ser envidioso, su solidaridad y firme creencia en la empresa privada como dispensador de bienestar colectivo.
Mendoza le dio un giro importante con su intervención y propuestas dejando más al descubierto, sin malicia de ningún tipo, que el show deja un sabor a desaliento, frustración, tristeza galopante que puede generar en depresión colectiva, que dejo por fuera de la “Paz de la cadenas” a los actores víctimas de las acciones que la originaron (los estudiantes), que dejó condenados a la penumbra a los presos políticos y de conciencia; que lejana e incidentalmente toco el tema de la inseguridad, del desabastecimiento, de la entrega de divisas, de la libertad de expresión, del acorralamiento del empresariado, de leyes que desconocen la iniciativa privada, de los abusos en la actuación contra las empresas, del block out informativo, de la persecución contra los medios, del arbitrariedad y felonía en la distribución del insulto e incluso, que la política económica no cambiará, como se desprendió del regaño presidencial al obediente Cudemus cuando reclamo las cadena de festividad no laborable decretada.
En fin del desconocimiento de la mitad de un país que reclama su derecho esencial, primario de bienestar y el resarcimiento en la lesión de sus derechos.
La figura de la “Comisión de la Verdad”, así de simple o de la “Verdad y Reconciliación” No existe en el constitucionalismo venezolano, entendiendo por tal las instituciones, principios y valores recogidos y desarrollados sucesivamente en los textos constitucionales y, en especial, los de 1946, 1961 y 1999.
Tampoco existe una definición y desarrollo normativa vinculante de esta forma alternativa de determinación de responsabilidad en los acuerdos o tratados internacionales suscritos por Venezuela, de tal manera que su definición, contenido, alcances, metodología de actuación, implicaciones y resultados es el producto de la experiencia derivada de unas decenas de “Comisiones de la Verdad” nombradas y operadas en el mundo.
Por lo general, una “Comisión por la Verdad” es la respuesta política que la sociedad encuentra para determinar la responsabilidad de un gobierno o de los factores políticos que interactúan como oposición o moldeadores de manera coetánea al control institucional frente a la verificación de una series de actos, hechos o actuación que verifican supuestos graves de desconocimiento o lesión de los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales concepto más amplio de los derechos humanos han dejado de ser meros limites al ejercicio del poder político (garantías negativas de los derechos individuales) para devenir en un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva del Poder Público” (Pérez Luño).
La “Comisión de la Verdad” emerge cuando esos derechos fundamentales que tienen valor universal, más allá de las fronteras (razón por la cual el mundo democrático, de manera institucional o personal ha mostrado preocupación por lo sucedido en Venezuela sin que se aceptable el trasnochado la frase hueca de “no intervención en los asuntos internos”) son objeto de desconocimiento, lesión o violación por actos de represión.
En el caso de Venezuela la “Comisión de la Verdad”, por más esfuerzo por ocultarla, es la solución desesperada del gobierno de lograr cierta estabilidad interna y una forma de reparar la generalizada condena que a nivel internacional a merecido la represión desmedida, brutal e inédita desplegada contra los estudiantes y la sociedad civil, como ha quedado evidenciado en grabaciones, audios, fotografías, testimonios de cualquier naturaleza que avalan las denuncias hasta ahora presentadas a nivel interno.
Una accionar represivo que se refleja en todos los derechos fundamentales recogidos en los tratados y acuerdos internacionales en la materia y por la Constitución de 1999.
Una violación nada solapada y sostenida en el tiempo de la libertad económica, causa eficiente de las protestas del 12 F, que reclama protección, siguiendo al jurista venezolano José Ignacio Hernández; en su doble vertiente: subjetiva como derecho público e institucional, “en tanto ellos son instituciones garantizadas por la Constitución, atendiendo al sistema económico reconocido”.
Ese sistema económico tiene como premisa esencial, a partir de la consagratoria de los derechos de propiedad y la libertad económica y de empresa conforme al cual todos podemos dedicarnos a la actividad económica de nuestra preferencia la yunta de oro de orfebrería constitucional del reconocimiento e interdependencia entre el Estado y la iniciativa privada a los fines de la promoción del “desarrollo armónico de la económica nacional con el fin de generar trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de la vida y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para logar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (artículo 299).
En consecuencia, la CEV propuesta por Mendoza tiene que estar acompañadas de una agenda abierta y acordada entre todos los sectores, entre las que en nuestro criterio dene encontrarse de las siguientes premisas:
1. Del reconocimiento del Estado a la propiedad privada y a libertad de industria y comercio dentro de los límites constitucionales.
2. Reformulación, por no decir derogatoria por ser ajeno a la concepción de Estado y de la economía del gobierno, de la Ley Orgánica de Precios Justos que lo que genera es desinversión, descapitalización, escasez e inflación.
3. Revisión de las exigencias burocráticas y de permisologia que afectan la productividad, que imposibilitan el acceso a las divisas, a la incorporación de nuevos productos y servicios, su distribución y comercialización.
4. La coordinación con los Gobernadores y alcaldes para la revisión inmediata de leyes y ordenanzas de contenido tributario con altas alícuotas impositivas, confiscarías que afecta la inversión, encarece el proceso productivo de bienes y servicios, afecta la recaudación del gobierno nacional y torpedea sus planes de soberanía nacional, producción nacional y dotación de viviendas.
5. La agilización de los mecanismos de devolución a los contribuyentes del IVA derivados de mecanismos confiscatorios de retención o enrevesados en materia de exportación.
6. Revisión del abanico exorbitante, irracional y confiscatorio de los “impuestos a la nómina”, es decir, de las contribuciones parafiscales que van a fondos sin control alguno de gestión y destino de los recursos, afectando la transparencia de las finanzas públicas, el equilibrio presupuestario nacional y la productividad.
7. Revisión del marco normativo de las relaciones laborales para garantizar una verdadera protección al salario mejores condiciones materiales e intelectuales de los trabajadores sin perjudicar la productividad, condiciones indispensable para todo lo demás.
8. Revisión de la eficacia y eficiencia del sistema registral de la propiedad y de las actividades económicas sin que ello signifique desconocimiento de los derechos de empresariales, individuales o de corporativos.
9. Reorientación de los incentivos fiscales y presupuestarios que eviten la opacidad de las finanzas públicas y estimulen, sin corruptelas y sin perjuicio al Estado, aquellas actividades consideradas como prioritarias para el desarrollo del país.
10. Sujeción al ordenamiento jurídico de las actuaciones de los órganos de policía administrativa y respeto a los derechos y garantías tanto en los procedimientos administrativos como en los procesos contenciosos administrativos.
11. Diseño de un sistema impositivo nacional que permita la formulación de un plan de reforma integral de la estructura tributaria del país a los fines de e la recaudación, reducir la evasión fiscal, incentivar la inversión privada, gravar capacidades económicas que se encuentra en la “penumbra de la imposición” dentro del marco de los tratados y acuerdos internacionales.
12. La lucha contra el contrabando de bienes y contrabando de extracción con el concurso del sector privado, como lo refiere la exitosa experiencia del pasado en la materia.
13. Estimular un dialogo abierto, de encuentro y de intercambio de opiniones en la formulación de políticas públicas (tributarias, comerciales, salud, monetarias, alimentarias, etc.) lo cual no sugiere gobernar con y solo con el sector privado sino dar espacios ciertos y verdaderos para la participación.
14. Armonización y coordinación entre los órganos del mismo gobierno nacional y entre estos y los niveles estadales y locales para evitar duplicaciones, trabas o costos transaccionales mayores que afectan los fines y cometidos del Estado y la productividad.
15. Reconocimiento y liquidación de las acreencias de las empresas con proveedores extranjeros, una vez comprobadas de manera transparente, oportuna y con fundamento en la ley, el soporte y causa de las mismas, solventado situaciones patológicas como los insumos agroindustria, alimentario, médicos quirúrgicos, farmacéuticos, el papel periódico, repuestos, entre otros.
16. La implementación del nuevo régimen cambiario de manera abierta, ágil, viable y con la participación transparente de todos los sectores partiendo de la buena fe de las solicitudes, operaciones y actuación dentro del régimen limitado de administración y adquisición de divisas sin renuncia al ejercicio de la fiscalización.
17. Mecanismos concertados de colaboración para la información y divulgación entre el empresariado de la leyes, reglamentos y providencias para el mejor cumplimiento y para conjurar los efectos nocivos de la corrupción.
18. Provisión presupuestaria y agilización de reconocimientos y pago de deudas de organismos como PDVSA, aquellos vinculados a la Misión Vivienda, sector salud y farmacéutico, entre otros.
19. Revisión inmediata de la regulación de precios y una definición de una política del sector privado de la salud, con todos los sectores involucrados.
20. Un cambio del gabinete económico para garantizar homogeneidad en la visión y en aplicación de las políticas, dejando de un lado los pruritos de que la oligarquía quiere manejar las finanzas y el gobierno.
Ante la canción desesperada del gobierno, que ya algunos sectores oyeron, seamos muy cautelosos y vigilantes haber si ahora quiere que le reciten las veinte propuestas que se traducen en veinte poemas de amor hacia el país, hacia el ciudadano.