Cuando se trata el tema de la seguridad vial y muy particularmente lo relativo a los accidentes de tránsito, necesariamente salen a relucir las consideraciones en relación a las negativas repercusiones que los mismos tiene para el conjunto de la sociedad, no solo porque se han convertido en un problema de salud pública (por la secuela de víctimas fatales, lesionados y discapacitados que se registran), sino también por las altas implicaciones de pérdidas económicas que conlleva el uso de instalaciones de emergencia de centros de salud públicos y privados, los largos y costosos tratamientos médicos, las medicinas y equipos requeridos, las indemnizaciones y costos de aseguramiento, reparación de daños de vehículos, y un largo etc.
También forman parte de la discusión, todo lo referente al estado de la vialidad, la señalización de vías, la educación ciudadana en la materia, el rol de las autoridades, la conducta imprudente de los conductores, el tema de la ingesta alcohólica, la imprudencia y por supuesto las altas velocidades que por lo general están involucradas en los lamentables hechos.
No hay duda que los accidentes de tránsito están directamente ligados a la movilidad de unidades automotores o de tracción por autopistas, calles y avenidas del país, con lo cual muchas de las medidas para prevenirlos y garantizar la integridad física de personas y bienes, están relacionadas al establecimiento de normas de conducta para conductores, imposición de restricciones de velocidades para el desplazamiento, instalación de dispositivos para el control de velocidades y sanciones por conducir a exceso de velocidad.
Pero qué paradoja, ahora resulta que en nuestro país, uno de los grandes problemas de inseguridad, se presentan cuando los ciudadanos nos encontramos en el interior de unidades de transporte público o en vehículos privados, impedidos de desplazarnos, es decir atascados o metidos en un trancón, sin posibilidad alguna de movilizarnos.
El encontrase en la situación de no movilidad, parcial o total, en cualquier sistema vial de las ciudades de nuestro país, ha llevado a transformar esta condición ( segura en lo que respecta a los accidentes) en una situación de alta peligrosidad, pues la permanencia en los mismos (independientemente del tiempo), lleva implícito una alta probabilidad de ser víctima del hampa, agredido por uno de los miles de motorizados que actúan como dueños de la vía, o quizás por cualquier otro conductor o vendedor ambulante alterado. A todo este cuadro hay que agregar el riesgo a perder la vida en que se encuentran los ciudadanos que en ese momento son trasladados a algún centro asistencial por requerir atención de emergencia, o también los que sencillamente no tienen la oportunidad de recibir atención médica o paramédica pues la unidad ambulancia no llegó a destino a tiempo para salvarle la vida.
Se anuncian planes, se exigen políticas públicas y programas urgentes para atender el tema de los accidentes de tránsito durante los desplazamientos, pero ahora resulta que también requerimos garantía de vida cuando estamos imposibilitados de movilizarnos.
@Angelrangels