Sin embargo, los tropiezos no terminan ahí. La inexistencia de mercados mayoristas estables y con productos diversificados, frenan también al sector privado. Los inspectores llueven sobre las cafeterías, restaurantes y demás negocios autónomos. La huelga o cualquier demostración pública para que se reduzcan los gravámenes, siguen terminantemente prohibidas. De los cuentapropistas se espera que contribuyamos al presupuesto nacional, pero no que nos comportemos como ciudadanos dispuestos a reclamar. El único sindicato permitido, la Central de trabajadores de Cuba (CTC) intenta absorbernos en sus encorsetadas estructuras. Pagar una mensualidad, participar en esos congresos donde poco se logra y desfilar apoyando al mismo gobierno que despide a miles de empleados; a eso quieren reducir nuestras acciones colectivas. ¿Por qué no se crea y legaliza una organización propia, no manejada de forma gubernamental? Una entidad que no sea polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores, sino a la inversa.
Lamentablemente la mayoría de los cuentapropistas no repara en que la independencia salarial y productiva, tiene que venir aparejada con la soberanía sindical. Muchos temen que al menor atisbo de exigencia se les retire la licencia o se tomen otras medidas contra ellos. Por eso callan y aceptan las ineficiencias de la ONAT, la incapacidad de importar materias primas desde el extranjero, los excesos de los inspectores y otros tantos obstáculos. Tampoco las organizaciones de la emergente sociedad civil han logrado capitalizar las necesidades de este sector y ayudarlo a alcanzar representatividad. La necesaria alianza entre grupos sociales que comparten inconformidades y demandas, no acaba de concretarse. Así que nuestra reivindicaciones laborales siguen postergadas, entre el miedo de algunos y el descuido de otros.