Costa Rica tiene los mejores índices económicos y sociales de Centroamérica: esperanza de vida de 79,4 años; ingreso per cápita de US$10.863 y un promedio de homicidios de sólo 8,9 por cada 100.000 habitantes (el de Honduras es diez veces mayor).
Pero enfrenta un serio un serio problema: el narcotráfico está tratando de penetrar con fuerza su territorio. Y lo está consiguiendo.
Esto ha sido reconocido al más alto nivel. “Nuestra geografía nos tiene prisioneros”, dijo en marzo pasado, citada por elWall Street Journal, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, refiriéndose a cómo su país es utilizado como punto de paso de las drogas que van hacia el norte.
Un mes después, en un foro del centro de estudios Woodrow Wilson en Washington, el fiscal especial para el narcotráfico en Costa Rica, Walter Espinoza, reveló que Costa Rica se estaba convirtiendo en base de operaciones de capos del narcotráfico.
“Nos estamos llenando de miembros de organizaciones mexicanas y miembros de organizaciones colombianas”, aseveró.
Tres ejemplos
Dos meses después de su escueta declaración al Wall Street Journal, la presidenta de Costa Rica experimentó en carne propia cuánto había penetrado el narco en su país: tuvo que salir en cadena nacional a defenderse de la acusación de que, al menos en dos ocasiones, utilizó un avión de propiedad de un capo de las droga para hacer visitas de Estado al extranjero
Varias cabezas rodaron por ese escándalo, entre ellas las del ministro de Comunicación, el viceministro de la Presidencia, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y la asistente personal de la presidenta.
Este no es el único caso prominente de los últimos tiempos. Hace pocos días, la justicia estadounidense aseguró que la mayor operación de lavado de dinero de la historia la realizaba, desde Costa Rica, la empresa Liberty Reserve, propiedad de un ucraniano nacionalizado costarricense.
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