Un juez de Tarragona (noroeste) revocó hoy el plan del pueblo de Rasquera que pretendía superar la crisis económica gracias a los ingresos obtenidos por la cesión de terreno a una asociación de consumidores para plantar cannabis.
Tras más de un año de espera, la sentencia conocida hoy echó abajo el plan aprobado en febrero de 2012 por el Ayuntamiento de Rasquera, localidad de algo menos de mil habitantes.
El objetivo era crear una empresa pública para la investigación del cannabis y, a continuación, hacer un contrato con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo para permitir el cultivo de esa sustancia en terrenos del pueblo.
La sentencia declara que ni la creación de la compañía pública ni el contrato con la asociación de Barcelona tienen interés público.
“El interés económico o la grave situación económica de un Ayuntamiento no se pueden incluir dentro del concepto de interés público”, argumentó la juez Rosa María Muñoz Rodon en el fallo.
También adujo que no se ha pedido ningún permiso a las administraciones competentes para cultivar marihuana
La sentencia se hizo pública a dos semanas de la celebración del pleno extraordinario en el que el alcalde de Rasquisa, Bernat Pellisa, tiene previsto formalizar su renuncia al cargo, el próximo 14 de junio.
“Teníamos la esperanza de que, después de tanto tiempo esperando la sentencia, los argumentos expuestos tendrían más calidad”, dijo Pellisa, quien anunció que el ayuntamiento presentará recurso de apelación ante un tribunal superior.
El abogado del Ayuntamiento, Martí Cànaves, aseguró que la sentencia es “arbitraria e inmotivada”, ya que no está “suficientemente argumentado” que no exista interés público.
Cuando el Ayuntamiento aprobó el proyecto se dijo que supondría la creación de 40 empleos y generaría 1,33 millones de euros (1,78 millones de dólares) en dos años.
Con posterioridad la Abogacía del Estado presentó recurso, resuelto ahora por un juzgado de Tarragona. EFE