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El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, aseguró que seguirá generándose anarquía en el área de compra y venta de viviendas en la medida en que el Gobierno continúe imponiendo leyes y normativas desequilibradas que producen más burocracia, centralismo e interfieren en las relaciones entre individuos sin tomar en consideración factores como la inflación.
Martini Pietri se refirió específicamente a la resolución del Ministerio para Vivienda y Hábitat aparecida en Gaceta Oficial n°40115, en la que se establece que en los contratos para adquisición de viviendas nuevas o del mercado secundario solo se permitirá la retención o cobro de dinero basado en cláusulas penales cuando “exista responsabilidad comprobada de alguna de las partes en el retardo de la protocolización del respectivo documento de propiedad”, sin embargo, Martini Pietri criticó que esa misma resolución indica que el Ministerio para Vivienda y Hábitat “asumirá de manera exclusiva” todas las denuncias sobre retardo de protocolización de documento e incumplimiento de contratos.
“La resolución del Ministerio dice que en ningún caso se considerará responsabilidad de las partes cuando el retardo en el desembolso de recursos para protocolizar la venta del inmueble dependa de un tercero en la relación. ¿Quiénes son los terceros? ¿Los bancos? ¿El Ministerio? ¿Quién responde por las pérdidas cuando un contrato no se cumple? El Gobierno ignora que ya han ocurrido problemas por demora en el otorgamiento de créditos, y que además crece la inflación, y resoluciones como esta constituyen un castigo a los inversionistas de viviendas en construcción o a los propietarios que desean vender su inmueble, porque se arriesgan a perder el fruto de su trabajo, y se ven sometidos a la arbitrariedad de un órgano que no sabemos cómo va funcionar. Ya tenemos la experiencia de la Superintendencia de Arrendamientos, que ha significado un tremendo retardo procesal en lo que se refiere a los contratos de alquileres. Está comprobado que el centralismo afecta negativamente la promoción de viviendas, lo que a su vez perjudica al pueblo venezolano”, declaró Martini Pietri.
Martini Pietri destacó que más que intentar poner controles exagerados a la promoción de viviendas privada, el Gobierno debería cumplir sus promesas a miles de damnificados. “En las últimas semanas hemos conocido casos terribles de violencia en refugios donde familias protestan por viviendas. Esas son las verdaderas urgencias que deben atenderse, y nosotros estamos obligados a colaborar en el desarrollo de esas viviendas”, acotó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
“La redacción de leyes no puede partir del supuesto inconstitucional de que el sector privado comete desviaciones, no se puede legislar en ese sentido. En la actualidad el Gobierno tiene todo el control en materia de vivienda y, a pesar de eso, seguimos viendo a cientos de familias que tratan de invadir edificios de la Gran Misión Vivienda, seguimos viendo conflictos en los refugios. Eso es un signo inequívoco de la desesperación que existe”, manifestó Martini Pietri.
Ante un anuncio reciente del Banco Central de Venezuela sobre un crecimiento del 10% del sector construcción, la cabeza del gremio inmobiliario respondió que “el sector privado no crece” y llamó a hacer revisión del marco jurídico para la construcción de viviendas, por considerarlo “centralista, politizado y excluyente”.
“Lo cierto es que todos tenemos derecho a viviendas de verdadera calidad, construidas a tiempo, con todos los servicios básicos cubiertos, sin que exista la obligación de formar parte de un partido político para acceder a este derecho, y desde las universidades, las empresas, y las asociaciones civiles y gremiales estamos deseosos y preparados para participar en la solución de viviendas para el pueblo venezolano”, destacó Martini Pietri. Recordó que según cifras oficiales hacen falta al menos 2.7 millones de viviendas para satisfacer la demanda nacional, y que esa meta se vuelve más lejana cada vez que el Gobierno impacta a las empresas del sector con nuevos decretos que no han sido discutidos de forma democrática.
Prensa CIV