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La incertidumbre política que vivió su esquizofrenia en diciembre por la despedida adelantada del Presidente, alcanza un costo que la población paga con caída de la actividad económica, con inflación y escasez. El grupo político encargado, que controla también la AN y judicial, luce postizo, personal de reparto, no comprende lo que ocurre en la economía, se aferran de un poder debilitado por la ausencia del líder, parecieran operar al control remoto desde Cuba, no están en autos de la grave situación económico-social que se agudiza y se pervierte por los intentos de saltar barreras constitucionales, según el tenor de los discursos del VP encargado y del Presidente de la AN y que pudieran ser detonantes de una situación económico-social critica.
Ese entorno político-institucional, el de la “sucesión” se pervierte por una cadena de acontecimientos económicos que, desde luego, tienen una fuerte expresión macroeconómica, en grandes desajustes causados por un gobierno corrupto, opaco, gastivo e indolente respecto de la naturaleza de la economía, ha alimentado una peligrosa impaciencia en consumidores e inversionistas, en la espera que se haga algo productivo para reanimar la economía y evitar un cantado desastre fiscal y monetario en espera de una maxidevaluación.
La fuente de esas perversiones, el control de cambio, un “fracaso” personal de Chávez quien en 2003 anunció que el control de cambio era político. El colapso de esos controles, de cambio y de precios, se siente en los mercados, en las calles, en los anaqueles de los abastos y supermercados. Ello exige, en base a lógico y sentido común, liberar el mercado cambiario y precios de bienes y servicios para que termine la grotesca escasez de dólares, alimentos e insumos que amenazan la paz ciudadana.
El ministro de Economía no entiende que una inflación cinco veces mayor que el crecimiento económico, solo crea pobreza y enriquece al Estado, y que todo ello es consecuencia del control de cambios. Solo tiene que voltearse a la historia de los controles para que observe en crudo su fracaso. Este devela los efectos perversos producidos por el monopolio del Gobierno sobre el dólar para administrar su racionamiento. Es el fracaso de la economía política de los controles de un mercado básico como el de la divisa, fenómeno montado sobre una colosal estructura de costos y corrupción en el manejo de los fondos en moneda extranjera generados en el petróleo y en el endeudamiento público.
En perspectiva de inaugurarse un nuevo periodo constitucional, tenedores de la deuda venezolana, inversionistas, nacionales e internacionales, tienen los ojos puestos sobre Venezuela, en apenas días, termina un periodo constitucional y comienza otro. El Presidente electo no se encuentra, el país no sabe nada de él, con excepción de unas contradictorias declaraciones del encargado, que antes que informar ha sembrado aún más dudas sobre el destino de un Presidente que no aparece. Sus declaraciones como la del Presidente de la AN, han creado mayor incertidumbre, dado que es evidente que la institucionalidad y la Constitución están siendo reinterpretadas con el objetivo de dejarlo todo tal cual. De cumplirse esa nueva doctrina constitucional se crearía un vacío de poder legítimo y la sensación de violación de la constitución.
En esas condiciones, el reconocimiento de ese “gobierno” por parte de la comunidad internacional podría encontrar serios problemas por inseguridad jurídica, impactando con mayor fuerza negativa las expectativas económicas sobre Venezuela. El planteamiento fiscal para el 2013 trae un grueso volumen de nueva deuda en dólares y de refinanciamientos, y ante una debilidad institucional y la sensación de haber violado el orden constitucional, la colocación de esa deuda en los mercados tendría grandes barreras que saltar. Los políticos en el gobierno perentorio que vivimos, no parecieran darse cuenta de la gravedad que encierran las amenazas a reinterpretar la Constitución con el objetivo de dar vida a un proyecto político que vive sus momentos finales y por la ausencia de su líder. Sin un gobierno legítimo, apegado a la Constitución no será posible echar a andar la economía, los problemas sociales y económicos se agravarían en una vorágine que no permite adelantar un natural desenlace. ¿Será un escenario como este lo que el grupo político que gobierna desea? Hay dudas.
Economist, PhD. (London)
Economía/ Finanzas
@alexguerreoe